S01-03

Los activistas han jugado un papel crucial y a menudo controvertido en la defensa del medioambiente y la biodiversidad: emprendiendo «acciones directas» para frenar la destrucción del planeta, empoderando a otros para que resistan frente a los poderosos intereses que se encuentran detrás de esta destrucción, y exponiendo públicamente a los gobiernos e industrias responsables. En persecución de estos fines, algunos grupos ecologistas nacidos a partir de los años 70 comenzaron a recurrir a tácticas ilegales, fundamentalmente desobediencia civil y delitos contra la propiedad, causando pérdidas millonarias a las industrias. Consciente del poder de estigmatización asociado a este vocablo, en 1983, el establishment contraatacó catalogando a estos activistas como «eco-terroristas». La persecución judicial del «eco-terrorismo» alcanzó su punto álgido en los 90, tras lo cual se disipó, hasta prácticamente desaparecer entorno a 2012. Sin embargo, en los últimos tiempos, el término ha vuelto a repuntar. En 2018, después de que la Relatora Especial de las Naciones Unidas Vicky Tauli-Corpuz denunciara los abusos del gobierno filipino hacia las comunidades indígenas, expulsadas de sus tierras para favorecer la minería de carbón, éste la incluyó en una lista de personas consideradas terroristas. No es un caso aislado: cada vez con más frecuencia, las leyes antiterroristas y de seguridad nacional se están utilizando para amenazar y silenciar a los defensores ambientales, entre ellos campesinos e indígenas que luchan por preservar los recursos tradicionales de sus comunidades. Esta contribución examina el fenómeno del «eco-terrorismo» desde una perspectiva empírica y conceptual. Como punto de partida, analizaremos el marco jurídico internacional en materia de terrorismo –instrumentos sectoriales, resoluciones de los principales órganos de Naciones Unidas y jurisprudencia– e identificaremos los elementos esenciales de este crimen. A continuación, estudiaremos el trasfondo económico y político detrás del apelativo «eco-terrorismo» y, en vista de algunos de los intentos más recientes por perseguir a los defensores ambientales bajo este pretexto, cuestionaremos si realmente puede englobarse como un tipo de terrorismo. Finalmente, concluiremos que el empleo de esta etiqueta resulta jurídicamente inapropiado y peligroso por varios motivos, ante todo: porque conlleva la trivialización del delito de terrorismo, porque se está utilizando como pretexto para reprimir la oposición política y asegurar la protección de los intereses económicos privados a expensas de la depredación de los recursos de la Tierra, y porque supone una vulneración grave de los derechos de los defensores ambientales.