S01-13

Introducción

La desigualdad económica y social en América Latina y el Caribe ha sido un problema histórico que ha dado lugar a diversos conflictos sociales y guerras internas. En particular, los índices de concentración y desposesión de la tierra evidencian que esta región es la más desigual en comparación con otras regiones del mundo, con un coeficiente de Gini que alcanza 0,79, superando a Europa (0,57), África (0,56) y Asia (0,55) (FAO, 2017).

En Colombia, desde el siglo pasado, se han expedido distintas iniciativas de orden legal dirigidas a resolver el problema estructural de la tenencia de la tierra (Ley 200/1936, la Ley 135/1961 y la Ley 1ª/1968). A pesar de ello, las estructuras de poder económico, político y en algunos casos armado han impedido desarrollar estas reformas (Kalmanovitz y López, 2006, Legrand, 2016) o han impulsado contrarreformas agrarias dirigidas a mantener o profundizar los ya excesivos niveles de concentración de la propiedad rural (Delgado, 1965; Albán, 2010).

En este contexto, la ponencia que se propone pretende examinar, por un lado, el contenido de los principales instrumentos normativos nacionales y la jurisprudencia de la Corte Constitucional en relación con el acceso y tenencia de la tierra y a partir de allí analizar el alcance de dichas normas a efectos de garantizar a la población campesina el derecho de acceso, tenencia y gobernanza de los territorios.

Método, resultados y análisis

La ponencia se divide en 4 partes. En la primera, se presentan algunos elementos generales del problema agrario en Colombia, en perspectiva histórica. En la segunda, se analizan los instrumentos jurídicos creados a partir de la expedición de la Constitución de 1991 así como la jurisprudencia constitucional a efectos de identificar si en nuestro ordenamiento existe un derecho de acceso a la tierra, y de ser así qué tipo de derecho es, cuál es su contenido y alcance, entre otras preguntas. En la tercera, se presentan las múltiples interpretaciones legales y jurisprudenciales, que sumado a la no implementación adecuada de las normas, han favorecido la inejecución de las políticas públicas dirigidas a clarificar, formalizar y adjudicar los bienes rurales en el país. Finalmente, se examinan las iniciativas legislativas recientes en la materia a efectos de determinar si estas dialogan o no con la Constitución y la Declaración de los Derechos de los Campesinos y otras personas que trabajan en zonas rurales, recientemente aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas.

La ponencia combina una aproximación descriptiva y teoríca al problema objeto de análisis.